El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) concluyó el relevamiento y reconoció un total de 481 hectáreas de ocupación “actual, tradicional y pública” de la Comunidad. Se incluyen las 90 hectáreas que el Poder Judicial pretende que vuelvan a manos de un privado.

Confirmó así la medida cautelar dispuesta por dos jueces. Se abre una instancia de 90 días para el trabajo de una mesa de diálogo. El desalojo podría producirse sin que se resuelva la cuestión de fondo sobre la propiedad de la tierra. La defensa analiza presentar una impugnación ante el Superior Tribunal de Justicia.

El gobernador Gutiérrez indicó que se dará continuidad a los trabajos a partir de un pago que realizó Vialidad provincial con la firma contratista encargada de la ejecución.

Se realizó la primera reunión para avanzar en estrategias que atiendan esta problemática. Participan organismos judiciales, municipales y provinciales.