Los recursos naturales son de las provincias, así lo establece la reforma constitucional de 1994. Por ese motivo, desde el Ejecutivo provincial se busca evitar la intromisión indebida del gobierno central en las autonomías locales y fortalecer el federalismo.

El superintendente del Departamento Provincial de Aguas, Pedro Sánchez, defendió y detalló los alcances de la normativa ante los legisladores. Explicó que el objetivo es poner en valor el recurso hídrico de la provincia de Río Negro, que las aguas utilizadas y turbinadas para la generación hidroeléctrica deberán contar con una concesión por parte de las empresas responsables, ya sean públicas o privadas, y abonar una retribución por el uso del agua pública, similar a lo que ocurre con otras actividades en la provincia.

Sánchez subrayó que todo el uso de agua, ya sea para industria, riego o consumo de agua potable, conlleva un valor y una retribución que ingresa a las arcas del estado rionegrino y se reinvierte en obras. Destacó que esta regulación era una parte faltante en la legislación y que la renovación de los contratos representaba la oportunidad para abordarla.

Esto permitirá a Río Negro fijar una retribución por uso especial de aguas pública por la generación de energía hidroeléctrica en aprovechamientos interjurisdiccionales. La iniciativa contempla además la concesión de uso de aguas públicas de dominio público provincial, con destino a la generación de energía hidroeléctrica sujeta a la administración del Estado Nacional, bajo el marco jurídico de Río Negro.