La denuncia se debe a un comportamiento a todas luces fraudulento, por el cual numerosos vecinos de nuestra ciudad han sido víctimas.

“Nos encontramos con una empresa que en principio fabricaría viviendas tipo llave en mano. Que las mismas se comercializan en todo el país y se venden financiadas. En dicho esquema de financiamiento las mismas se entregarían una vez abonada la cuota nro. 36 respectivamente. Que ello, no estaría ocurriendo y denotaría un posible incumplimiento sistemático”, expuso en la denuncia.

Todos los denunciantes al ser entrevistados por la OMIDUC, informaron un idéntico modus operandi para el contacto y la contratación con la empresa. Es decir, se publicita en una radio local con ofertas de bonificaciones o beneficios para los primeros que llamen. Una vez realizado el llamado, una persona de la empresa se acerca al domicilio del interesado y la firma del contrato se realiza en el domicilio del interesado lo cual surge como sospechoso.

Asimismo, visto el esquema de financiamiento, el mismo pareciera demasiado conveniente para ser cierto y orientado básicamente a inducir a población de bajos recursos y/o en situación de vulnerabilidad o hipervulnerabilidad (jubilados)

“La financiación se realiza en 86 cuotas fijas en pesos, es decir una financiación superior a los 7 años sin ningún tipo de interés, lo que a todas luces aparece como ruinoso para el deudor en el contexto inflacionario que vive nuestro país, y extremadamente conveniente para el consumidor seducido por el afán de contar con una vivienda propia a su alcance. Entonces lo que aparece como muy beneficioso para el consumidor es claramente el ardid para atraer a las víctimas. Ello las convierte a su vez a priori en condiciones de precio y financiación de imposible cumplimiento para cualquier hombre de negocios”, expuso Lucas Jankovic.

El preció vil en este caso aparece no como prueba del abuso de una parte más poderosa sobre la otra, sino como la motivación para que la gente en clara inferioridad de condiciones, suscriba contratos para la adquisición de bienes que claramente nunca podrán obtener.

“Difícilmente la empresa pudiera ignorar el proceso inflacionario reinante en el país, incluso en las fechas en las que los contratos se suscribieron”, consideró el titular de la OMIDUC.

Para visualizar la imposibilidad absoluta del negocio ofrecido a las víctimas, teóricamente los contratantes podrían acceder a la vivienda luego de abonada la cuota 36. Es decir, que el proveedor debería entregar la casa 3 años después de suscripto el contrato y congelado el precio, habiendo cobrado solo el 41,86% del precio total y financiando el resto (58,14%) durante 50 meses sin interés alguno.

“Resulta muy difícil racionalizar un negocio de éste estilo en nuestro país y que el mismo pueda ser cumplido. A priori, se nota con total claridad la imposibilidad de cumplir, lo que lo hace tan atractivo para el público desprevenido y urgido en la necesidad de alcanzar su propia vivienda”, consideró Jankovic.

Este tipo de delitos, según el Código Penal tiene una pena con prisión de un mes a seis años. “El que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”, expresa la norma.

“Entendemos que los denunciados -que no podemos identificar en este momento pero con domicilio en la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe- habrían continuado con una organización sumamente sofisticada dedicada a las estafas con viviendas. Que esta organización a su vez desplegaría su actuar ilícito en diversas ciudades de todo el país”, concluyó Jankovic.