A través de sendos pedidos de informes presentados ante la Legislatura Provincial, los representantes del bloque PRO-Unión Republicana exigieron al Gobierno explicaciones por la paralización de las obras de la terminal de ómnibus de San Carlos de Bariloche.

“Es una obra que se anunció en 2017, tardó varios años en iniciarse y sobre la cual siempre hubo manejos poco claros”, señaló el presidente de la bancada opositora, Juan Martin, recordando que “primero se dijo que iba a pagarse la obra con el canon de la operación de los casinos de la región, se cambió a la empresa concesionaria de juego y se le terminó prorrogando el primer pago de este canon. Más tarde, también se habló de aportes nacionales”.

Juan Martin también rememoró que “por este tema en 2021 acudimos a la Justicia para que se investigue a funcionarios de la gestión anterior” y detalló que “presentamos tres pedidos de informes: uno a Lotería de Río Negro para ver si el canon efectivamente se abonó; otro a Río Negro Fiduciaria para que nos digan si el dinero ingresó y se destinó a la terminal; y el tercero a Obras Públicas, para saber cómo se ejecutó ese dinero y si hubo otros aportes de fondos”.

En un mismo sentido se expresó su colega de bancada, la barilochense María Laura Frei, quien sostuvo que “los barilochenses seguimos esperando que el gobernador Weretilneck cumpla su promesa del año 2017 de construcción de una nueva terminal de ómnibus que la Capital de los Lagos merece para dar servicio a los miles de turistas que nos eligen para vacacionar".

Por su parte, Martina Lacour, representante parlamentaria del Circuito Andino, consideró que “resulta vergonzoso e inaceptable la ausencia de claridad en torno a los fondos que la empresa operadora de casinos en varias ciudades de la provincia debió aportar o ya habría abonado para la construcción de la terminal de Bariloche".

Los pedidos de informes están normados por la ley provincial K 2216, que da al gobierno un plazo de 30 días para responder a los requerimientos de los legisladores. Vencido este plazo sin mediar respuesta, los funcionarios involucrados podrán ser denunciados penal y administrativamente.