La Fiscal Paula Rodriguez Frandsen destacó que “logró acreditarse a través de los diferentes testigos que los tres acusados, juntos con otras personas no identificadas, invadieron el predio de forma clandestina y subrepticia, para delimitarlo y levantaron allí construcciones precarias despojando así a sus propietarios legales de la propiedad del mismo”.

Según la acusación, el lugar “era visitado periódicamente por su dueña quien había realizado comodatos con instituciones deportivas y, además, vendido lotes pertenecientes a un futuro corredor comercial”.

Adelantándose a la teoría del caso de la defensa relacionada con el déficit habitacional, la Fiscal expresó que existió “invasión y clandestinidad. Las personas que ingresaron al predio no querían visibilizar un problema, lo hicieron para instalarse y despojar de él a sus propietarios. Ello surge no sólo de las demarcaciones y las construcciones realizadas, sino también de las propias declaraciones de los imputados al fijar domicilio en ese lugar, en las diversas audiencias judiciales”.

“Allí en ese terreno, sabiendo que no era de su pertenencia, permanecieron los imputados hasta incluso después de que el Juez de Garantías dispusiera su desalojo, tal como declararon algunos testigos”, enfatizó Rodriguez Frandsen y agregó que “ni se fueron cuando supieron que cometían un delito, ni voluntariamente; hicieron falta tres meses, dos audiencias de conciliación en la Fiscalía, cuatro audiencias penales y una orden de desalojo dictada por un juez de garantías”.

Finalmente destacó que “por supuesto tienen las personas derecho a una vivienda digna, pero ese no es un derecho absoluto, está limitado por las normas y por los derechos de terceros”.

Seguidamente se preguntó: “¿Debe un particular garantizar el derecho a la vivienda digna?. No, es el Estado quien debe hacerlo pero incluso los testigos de la defensa no pudieron acreditar que estos tres imputados hayan intentado ese proceso por la vía del reclamo legal”.

En este sentido destacó que los referentes del Municipio llevados como testigos por la defensa mencionaron la existencia de un registro con más de 5000 personas en situación de vulnerabilidad y con déficit habitacional, no obstante no pudo probarse que los imputados estuvieran inscriptos en el mismo al tiempo que comparó su actitud con la de los restantes anotados. “Ellos tres tomaron una decisión particular y voluntaria aún a sabiendas de que ésta constituía un delito”.

A su turno la querella adhirió al alegato y la defensa privada de los hombres pidió su absolución, porque ninguno de los testigos pudo acreditar que los tres hombres hicieron lo que la acusación les atribuye haber hecho.

El juicio llevado adelante ante la Jueza de Juicio, Daniela Zagari, incluyó dos audiencias y la comparecencia de más de una decena de testigos. La sentencia se conocerá a principio de la próxima semana.