Se trata de la totalidad de los agentes que se sumaron al Estado entre el 1 marzo de 2019 y el 31 diciembre 2020.
Carreras remarcó que casi el 63% de los trabajadores incluidos en el proyecto son agentes de Salud que están en la primera lÃnea de combate contra el COVID-19 y que se sumaron para reforzar la tarea que ya venÃan desempeñando los hospitalarios. “Esta decisión del Gobierno rionegrino significa otro reconocimiento al sectorâ€, completó.
Además de los 1.238 agentes de Salud, el proyecto incluye 183 trabajadores de la SecretarÃa de Niñez, Adolescencia y Familia, 130 de Educación, 65 de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, 56 de Seguridad y Justicia, 55 de IPROSS, 40 de Producción y Agroindustria, 35 de la Agencia de Recaudación, 21 de Gobierno y Comunidad, 20 de EconomÃa, 20 de la SecretarÃa General y 15 de Ambiente, entre otros.
El proyecto establece las condiciones de ingreso y dispone la creación de una Comisión Ejecutiva Central en el ámbito del Consejo Provincial de la Función Pública y Reconversión del Estado, como autoridad de aplicación.
Este órgano estará presidido por la secretaria de la Función Pública y está integrada por dos miembros titulares y dos suplentes designados por el Poder Ejecutivo y un miembro titular y otro suplente, designados por cada una de las asociaciones gremiales.
Por su parte, desde la Asociación Trabajadores del Estado indicaron que ya culminó junto a especialistas de la Función Pública, la preparación del nuevo material de estudio que sumó importantes leyes que se aplican en la administración central. En las próximas semanas ATE dará inicio a las tutorÃas dirigidas a todos los contratados alcanzados por el proceso de estabilidad laboral.
Entre las condiciones el «Proyecto régimen de ingreso del personal temporario a la planta permanente y la administración pública» establece el trabajo ininterrumpido en el Estado desde el momento de ingreso; no haber incurrido en sanciones disciplinarias con más de 10 dÃas de suspensión en los últimos 2 años; y no contar con una causa penal pendiente que pudiera ocasionar una condena por delito doloso o por delito en perjuicio de la Administración pública nacional provincial, municipal o del gobierno de la ciudad Buenos Aires.
"De esta manera se continúa avanzando con el proceso de regularización que permitirá terminar con la precarización laboral en el Estado una de las grandes banderas de ATE", expresaron desde la entidad gremial.
.gif)
