Se realizaron dos allanamientos a sendas viviendas en la localidad de Valcheta. En uno de los domicilios vivirÃa un hombre, acusado de integrar un grupo de whatsaap que compartÃa imágenes y videos con contenido de explotación sexual infantil. La causa es tratada en varias jurisdicciones del paÃs ya que hay más de treinta personas que integraban dicho grupo.
El allanamiento fue realizado por el Ministerio Público Fiscal en la mañana de ayer y arrojó resultado positivos, con el secuestro de gran cantidad de dispositivos electrónicos que serán peritados especialmente por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones de la Procuración General. Trabajará en ello también la Dirección de Informática Forense.
Entre los elementos secuestrados se cuentan un CPU, un disco duro externo, gran cantidad de tarjetas de memoria, cds room y pen drives. Además se peritará una tablet y una decena de celulares, muchos de ellos apagados y sin baterÃa.
Para la investigación unificada de este tipo de casos, la provincia de RÃo Negro cuenta con un protocolo de investigación de ciberdelitos, creado por la Procuración General a la luz de un instrumento similar elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y que adhiere a la “GuÃa de buenas prácticas para obtener evidencia electrónica en el extranjeroâ€.
El documento enfatiza en la función de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (Oitel), a cuyos integrantes les atribuye la responsabilidad de ser los únicos que pueden examinar y analizar la evidencia digital recolectada en el marco de las investigaciones, buscando preservar en todas las ocasiones la prueba original.
Además, dentro de éste área se encuentra el referente provincial que recibe las causas de explotación sexual infantil y las remite a las FiscalÃas rionegrinas correspondientes para el inicio de las investigaciones.
El protocolo impone reglas para la recepción de la denuncia, la atención que debe brindarse a denunciantes menores de edad, las condiciones imperantes en la investigación preliminar y el modo de actuar en los allanamientos. Además da instrucciones precisas acerca de qué tipo de dispositivos electrónicos deben secuestrarse, cómo manipularlos para evitar pérdida de información y de qué forma garantizar una cadena de custodia que reduzca las posibilidades de futuras nulidades en el marco de la causa judicial.
Asimismo indica que el trabajo judicial debe realizarse sobre copias del material obtenido, procurando preservar el original de manera inalterable y puntualiza cuál es la prueba que puede ser susceptible de secuestro entre la que nombra los chats y blogs, juegos infantiles o de contenido sexual, registro de actividad en internet y directorios de archivos encriptados. Agrega además cualquier tipo de papel que contenga contraseñas anotadas, notas y manuales.
El protocolo destaca que para llevar adelante este tipo de casos, los fiscales podrán hacer uso de los medios de investigación dependientes de la Procuración General y requerir la colaboración con agencias provinciales, nacionales o internacionales especializas en la materia.
.gif)
