La llamada Ley Pierri propuso a nivel nacional regularizar la propiedad de los ocupantes de terrenos, una forma de “usucapión social” para quienes detenten una propiedad inmueble sin título, que hayan ocupado en forma pacífica e ininterrumpida antes de 2006, que sea vivienda única y que no esté asentada sobre tierra fiscal.

Es un instrumento legal a la altura del problema histórico de las ocupaciones y pese a que es un drama de todo el país, sólo Buenos Aires y La Pampa habían logrado avances concretos hasta la fecha, con muchas dificultades.

La Gobernadora Arabela Carreras puso al tema tierras en su agenda de prioridades para la gestión y Río Negro se ubicó a nivel nacional entre las pocas jurisdicciones que avanzan en la solución del problema.

“Arabela le dio a la Ley Pierri el empujón que necesitaba, tuvo la decisión política de avanzar. Eso permitió ir resolviendo todos los inconvenientes que surgieron y cerrar el primer expediente con la firma de la escritura, que funcionará como una especie de ‘instructivo’ para los restantes cientos de casos”, explicó Juan Pablo Álvarez Guerrero, asesor legal del IPPV en Bariloche.

El abogado explicó que “se trata de un trámite exclusivamente técnico, muy complejo porque afecta a la propiedad privada e involucra a varios organismos, el beneficiario debe cumplir muchos requisitos y la justicia garantiza los derechos de los propietarios”.

Los mayores avances son en Bariloche

Bariloche es la ciudad de Río Negro con el problema más grave de ocupaciones establecidas hace años, y se convirtió en el lugar en donde la Ley Pierri está más avanzada, con el trabajo en los cientos de expedientes.

Álvarez Guerrero indicó que también fue fundamental el rol del intendente Gustavo Gennuso. “Había muchísimos pedidos de títulos y empezamos a trabajar a partir de la designación del IPPV como autoridad de la Ley Pierri. Como el derecho de propiedad está consagrado en la Constitución hay que ser muy prolijo, encontrar soluciones jurídicas para todo inconveniente que surja, y notificar al propietario. Muchas veces hay que hacer una investigación para encontrarlo y notificarlo. Durante todo el proceso puede haber impugnaciones y aún firmada la escritura está sujeto a revisión”, describió.

Dijo que “el beneficiario debe cumplir muchos requisitos, el más importante es demostrar la ocupación con las características exigidas, que son rigurosas, y a la vez el trámite en sí mismo también tiene numerosos pasos muy estrictos. No es para ‘ocupas’, no es una solución política o social, es puramente técnica jurídica”.

“El Registro de Propiedad es uno de los organismos que interviene y no tenía una forma para inscribir un título de la Ley Pierri, la primera que hicimos estableció el modo. Eso muestra lo difícil que es”, afirmó el profesional.

“Las trampas son detectables”, dijo al referirse a la problemática de las ocupaciones masivas que surgen regularmente, y resaltó que a veces rechazan trámites de terrenos costosos o ubicaciones residenciales, que deben ser canalizados por una usucapión privada.

Indicó que por falta de requisitos del beneficiario, inconvenientes técnicos u oposición del propietario, un trámite puede derivar en un juicio. Si lo gana el IPPV se escritura directamente y si se impone el particular, el organismo puede llegar a un acuerdo o expropiar legalmente.