La Inspección General de Justicia (IGJ) lanzó una resolución que dispone una acción judicial de disolución y liquidación de la firma inmobiliaria Re/Max Argentina por determinar que es ilícito el desarrollo de sus actividades bajo el régimen de franquicia.

Dicha respuesta corresponde a la denuncia presentada por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba). “Hemos dado un paso histórico. Este es un éxito en la defensa de los derechos de los corredores y del ejercicio legal y legítimo de la profesión", exresó Armando Pepe, el corredor inmobiliario firmante de la denuncia.

 La resolución firmada por Ricardo Nissen, titular de la IGJ, determina que es ilícito el desarrollo de la “actividad inmobiliaria y servicios conexos, incluyendo los educativos referidos a dicha actividad”, como lo hace Re/Max, que cuenta con 131 oficinas en el país y es subsidiaria de la firma norteamericana homónima.

Re/Max se presenta en el mercado como una inmobiliaria, sin embargo, no opera como las inmobiliarias tradicionales: formalmente Re/Max "presta servicios complementarios" y en la práctica mantiene contratos precarios con “corredores independientes” para reducir costos y regulaciones vigentes, dice Nissen.

 La denuncia presentada por Armando Pepe dice que “la empresa no respeta las normas de la Argentina ni la organización bajo una actividad profesional con matrícula habilitante”. “Viene a llevarse puesto todo el andamiaje normativo obligatorio para todos los profesionales”, agrega.

Por ello es que “se ofrecen servicios a precios inferiores a su costo por encontrarse al margen de los gastos que deben afrontar los profesionales matriculados”, advierte el escrito. En la misma línea están otras entidades representantes de las inmobiliarias del resto del país, que desde hace años mantienen una disputa con Re/Max y las otras empresas que utilizan el mismo esquema de negocios.

 Re/Max Argentina se constituyó en 2004 y desde ese momento fue ganando participación de mercado en base a un nuevo modelo de negocio inmobiliario: en lugar de las inmobiliarias que contratan a corredores matriculados, Re/Max provee instalaciones y su marca para que corredores “individuales” desarrollen su cartera de clientes. Los corredores hacen uso de la marca y pagan una comisión a la empresa. “Es el Uber de las inmobiliarias”, resume un abogado laboralista.

 La resolución de la IGJ dice que “el sistema de franquicias Re/Max constituye un mecanismo destinado a violar la legislación argentina en materia de específicas exigencias para el desarrollo de actividades de intermediación inmobiliaria”. “Ejerce indirectamente el corretaje inmobiliario eludiendo la legislación local que establece imperativamente requisitos para esa actividad y se beneficia participando de las comisiones de las operaciones inmobiliarias intermediadas por numerosos subfranquiciados”, agrega.

 Además, en el escrito se menciona la declaración de la empresa, que reafirmó que su actividad principal no es el corretaje inmobiliario sino que provee servicios complementarios a conexos a la actividad inmobiliaria y que lo hace a través de contratos de franquicia con los corredores inmobiliarios individuales.

 La IGJ dio inicio a la acción judicial de disolución de la firma, en base a los alcances del artículo 19 de la Ley de Sociedades Comerciales (N° 19.550).
"Se los va a intimar a que, en un plazo perentorio, saquen los carteles de las oficinas. Pueden seguir trabajando bajo otro nombre, modalidad pero no como franquicia", dijo Armando Pepe.

 Las inmobiliarias tradicionales nucleadas en el Cucicba celebraron la noticia. "Bajo la modalidad de franquicia, Re/Max recluta gente que no está en relación de dependencia sino bajo monotributo, para eludir pagos de cargas sociales. En cada sucursal tienen unas 80 o 100 personas a las que no les pagan nada sino que les cobran 250 dólares por mes por uso del escritorio y papelería. Factura el trabajador, no pagan impuesto a las ganancias ni ingresos brutos, es una competencia desleal totalmente", afirmó Pepe.

 Re/Max realizó declaraciones al respecto mediante un comunicado en el que manifestó un “enfático rechazo” al contenido de la denuncia y consideró que la resolución "es infundada y no implica el cese ni suspensión de la actividad de la empresa". "Las oficinas seguirán prestando servicio a sus clientes, como lo han hecho hasta ahora, llevando el mejor servicio inmobiliario", afirmó.

En medio de la disputa, hay unos 5 mil trabajadores de Re/Max que corren riesgo de perder su fuente de ingreso.