Este lunes la ex intendenta y actual legisladora MarÃa Eugenia Martini, fue imputada por defraudación al Estado, en el marco de la causa que se investiga por el programa de viviendas Techo Digno.
Según expresa la causa, Martini, junto a Juan Castelli de Oriente Construcciones en calidad de partÃcipe necesario, fueron imputados por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por medio de documentos públicos falsos.
Durante la audiencia que se realizó de manera virtual, el fiscal Guillermo Lista expuso los hechos investigados, en una causa que se inició por una acción interna del Tribunal de Contralor, ante la denuncia del propio intendente Gustavo Gennuso.
En el relato, se detalló que cada uno de los mandatarios locales firmó el acuerdo con la SubsecretarÃa de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SecretarÃa de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal.
Dicho convenio delimitaba que, en el marco de la implementación del mencionado programa, los intendentes debÃan "respetar documentación y especificaciones técnicas como declaración jurada, solventar diferencias, abonar mensualmente a la empresa contra certificación de avance de obra emitida por el propio Municipio y efectuar la rendición de cuentas para presentarla mensualmente a la SubsecretarÃa de forma detallada y debidamente documentada que demuestre el uso dado a los fondos".
El acuerdo los obligaba además a "restituir de forma inmediata los montos no rendidos al Estado nacional". También "debÃan poner a disposición la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encontraban reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos lo requieran".
En todos los casos, enfatizó la FiscalÃa, los mandatarios locales, que tenÃan "a su cargo la administración y el cuidado de los fondos correspondientes a dicho acuerdo desde su ingreso a las arcas municipales, violaron los deberes que les eran impuestos en razón de su cargo y en virtud del citado Convenio y perjudicaron de esta manera los intereses confiados".
Además, los intendentes ordenaron el pago de certificaciones de obra, sabiendo que no reflejaban el avance real de lo que se estaba construyendo, beneficiando indebidamente a diversas firmas constructoras, cuyos referentes también forman parte de los imputados por su calidad de partÃcipes necesarios de los mencionados delitos.
El equipo fiscal agregó en este sentido que "las operatorias referidas se concretaron mediante certificaciones de avance de obra falsas, que eran presupuesto necesario para destrabar los desembolsos de dinero por parte de la SubsecretarÃa federal mencionada causando perjuicio al erario público".
La totalidad de los abogados de los imputados correspondientes a la Tercera Circunscripción Judicial plantearon su oposición a la formulación de cargos por entender que no se respetan los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal de la provincia, para avanzar en este acto. Rechazaron además la posibilidad de tramitar estos legajos como causa compleja.
Esta situación no fue admitida por el magistrado interviniente que, en cambio, tuvo por formulados los cargos por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública -dos hechos- en concurso real e ideal con el delito de uso de documento público falso. En el caso de la ex intendenta en calidad de autora mientras que, se considera al empresario como partÃcipe necesario.
Las audiencias de formulación de cargos continuarán en los próximos dÃas en la Cuarta Circunscripción judicial de la provincia.
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