El presidente Alberto Fernández estableció este viernes 04/09,  un cupo laboral por el que al menos un 1% de los puestos en el sector público deberán ser ocupados "por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo", a través del decreto 721/2020 publicado en el Boletín Oficial.

El decreto considera que “resulta de vital importancia transformar el patrón estructural de desigualdad que perpetúa la exclusión de esta población que tiene una expectativa de vida de entre 35 y 40 años aproximadamente”.

Según datos de la comunidad LGBT, se estima que 95% de las personas trans no acceden al empleo registrado y cerca de 60% no han podido finalizar sus estudios secundarios.

La medida abarca a las personas travestis, transexuales y transgénero, hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen. Ellas tendrán derechos a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género o su expresión.

Además, se destaca en el Decreto que “si las personas aspirantes a los puestos de trabajo no completaron su educación se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos”, situación que no se les permite al resto de los trabajadores.

Para que el cupo se pueda completar, en el Decreto se establece la creación de un registro para que, en forma voluntaria, se puedan anotar todas las personas travestis, transexuales y transgénero aspirantes a trabajar en el sector público nacional. “En dicho Registro deberán constar los perfiles laborales de las personas inscriptas en el mismo y se pondrá a disposición de las Jurisdicciones y Entidades, las que deberán informar al Ministerio de la Mujeres, Género y Diversidad, los puestos de trabajo vacantes y las ofertas de contratación de personal disponibles”, se apunta.

La cartera a cargo de Gómez Alcorta deberá efectuar un seguimiento de la cantidad de cargos cubiertos con personas travestis, transexuales y transgénero sobre los totales de cargos de la planta permanente y transitoria y el total de los contratos existentes del Sector Público Nacional.

Además, las autoridades y el personal del Poder Ejecutivo deberán capacitarse para la prevención de comportamientos discriminatorios.