Tras el asesinato de la joven en Rojas, perpetrado por un miembro de la policía, se destapó una olla que saca a la luz un preocupante historial de impunidad y violencia institucional: desde Natalia Melmann y Miguel Bru hasta Facundo Castro, un recorrido por los casos más alarmantes de las últimas décadas.

La “fuerza policial dentro de la ley puede todo, fuera de la ley nada”, dijo ayer en Florencio Varela, el gobernador Axel Kicillof, marcando un límite incuestionable en el estado de derecho.

Los que disparan las balas de goma son los mismos agentes que no le tomaron la denuncia a Ursula porque era fin de semana. Los que no evitaban que Martínez reiteradamente rompiera la perimetral.

Disparando al rostro de las manifestantes-la mayoría eran mujeres- protegen algo más que el edificio de la comisaría en la que la joven asesinada había presentado 18 denuncia contra su ex novio.  Defienden al sistema que mantiene adentro a los violentos y los ampara con “carpetas psiquiátricas.”

Esta fuerza, cuya misión es “prevenir el delito y proteger a la comunidad”, tiene malos antecedentes. Hace 20 años un 4 de febrero en Miramar, Natalia Melmann, de 15 años, fue obligada a subir a una camioneta de la Policía. Cuatro efectivos la llevaron a una casa donde la violaron y después la asesinaron estrangulándola con el cordón de su zapatilla.

En Monte, hace 20 meses, los jóvenes Aníbal Suárez, Camila López, Danilo Sansone y Gonzalo Domínguez perdieron la vida producto de una persecución policial, injustificada e inentendible, en un claro caso de violencia institucional y abuso de poder. Dos patrullas los persiguieron sin motivo alguno y el auto en que se trasladaban se estrelló contra un camión. De los 5 ocupantes solo sobrevivió Rocío Quagliarello. En la causa hay 24 policías imputados. A este hecho se lo conoce como “La mascre de Monte”.

El 9 de febrero comenzó el juicio por el “dudoso suicidio” de Michel “Noa” Suarez. Michel apareció muerto en la comisaría segunda de Quequén en la madrugada del sábado 6 de diciembre de 2014 en extrañas circunstancias. Hay cuatro efectivos policiales acusados de Homicidio Culposo y en un primer momento la Jefatura Departamental de Necochea trató de encubrir los hechos.

Pasado y presente se fusionan en el prontuario de la bonaerense. Ayer, en Bahía Blanca, fue detenido el comisario inspector Gabriel Miguel Zamora, quien hasta febrero de 2019 prestaba funciones como jefe de la delegación Bahía Blanca de Investigación Criminal. Tres mujeres policías que trabajaban bajo sus órdenes lo denunciaron por abuso sexual.

 En los últimos días de enero, en San Bernardo, una familia denunció al grupo GAD, que entró por equivocación en su vivienda, confundiendo el domicilio donde debían realizar un allanamiento. Tres mayores de edad y cuatro menores fueron golpeados y apuntados con armas de fuego. La familia denunció a las autoridades policiales a cargo del procedimiento e hizo público un video donde se puede observar el accionar de los uniformados.

En Mar del Plata, el sábado 30 de enero, Jorge Nahuel Salinas de 23 años muere de un balazo durante una serie de incidentes en el Barrio Santa Rosa al que concurrió la policía a poner orden. La autopsia encontró en el cuerpo de Salinas un proyectil calibre 9 milímetros que es muy probable pertenezca al arma de uno de los policías que disparó en medio de los incidentes.

En cercanías de esta misma ciudad, más precisamente en el kilómetro 6 de la ruta 226, el 5 de julio del año pasado, Pedro Arcángel Bogado, subteniente de la bonaerense, disparó con su arma a quemarropa sobre Brandon Romero, un joven que trabajaba en una panadería y que no tenía registro de actividad delictiva. Lo acuso de que junto a otro individuo intentaban robarle la moto. Entonces Bogado efectuó siete disparos con la Bersa Thunder 9mm reglamentaria y mato a Romero.

En el libro negro de la bonaerense se anotan también las bandas de secuestros extorsivos integradas por oficiales de alta graduación, las masacres de Budge, Dock Sud y Wilde; la desaparición forzada de Miguel Bru en los 90; el secuestro y posterior asesinato de José Luis Cabezas; la masacre de Ramallo; el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en el 2001; el secuestro de Luciano Arruga en el 2011; las más recientes masacres en las comisarías de Pergamino y Esteban Echeverría, la desaparición de Facundo Astudillo Castro y las permanentes sospechas de corrupción que envuelve a una fuerza que se sigue manejando desde 1980 con el mismo reglamento interno.

Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, la Bonaerense se convirtió en una de las fuerzas policiales más grandes de América Latina, pero sostenida sobre la misma base que construyeron Ramón Camps y Miguel Etchecolatz durante la última dictadura cívico-militar.

A la inseguridad que genera esta policía que, corporativamente encubre a los abusadores que visten uniforme azul, que se violenta contra la sociedad que reclama justicia y que dispara primero y pregunta después, se suma ahora la utilización de los elementos del estado para intentar amedrentar al gobierno.

Alentados, como en los golpes de Estado, por civiles que pretenden sacar tajada, ayer en varias ciudades del interior los patrulleros y las armas volvieron a salir a la calle no para dar seguridad a los ciudadanos sino para tratar de torcer la voluntad política.

En Necochea, este miércoles, todos los móviles policiales se convocaron en el Comando de Patrullas desprotegiendo durante horas a los ciudadanos, para reclamar por 38 sancionados. Uno de los agitadores es el comisario retirado Hugo Lima que ya venía alentando una nueva insubordinación para este jueves. Paradójicamente hoy en esa misma ciudad hay una concentración autoconvocada por los vecinos ante el aumento de los hechos delictivos.

En Mar del Plata, donde 31 efectivos fueron desafectados, la protesta que impulsaba Florencia Arietto, que fuera colaboradora de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, no encontró eco al igual que sucedio en Pinamar y Bahía Blanca.

En las últimas horas, también los policías movilizados de Necochea decidieron acudir a la justicia y abandonar las protestas callejeras.

La misma policía que durante el gobierno de Cambiemos en la provincia vio caer, sin protestar, su salario en un 30% y que el año pasado fue beneficiada con una recomposición del 46% debiera abocarse a respetar la Ley 12.155 de organización de la policía provincial, estudiar el protocolo interno sobre violencia de género y familia (que desde el año pasado implementa el Ministerio de Seguridad) para bajar las estadísticas que en el 2020 indicaron que 901 funcionarios policiales debieron ser sumariados por violencia ejercida contra mujeres y niños convivientes.

“Nosotros nos comprometimos y estamos cumpliendo. Esperamos la misma conducta de nuestra fuerza policial”, dijo el gobernador. Es hora de la que la bonaerense se autoanalice y cumpla con lo que la ley le demanda: prevenir el delito, proteger a la comunidad y preservar la vida y la libertad de las personas.