El ministro de Seguridad, Federico Massoni, brindó una conferencia junto al jefe de la Brigada de Investigaciones, Andrés García, y el fiscal Héctor Iturrioz. Estiman que durante junio y julio la organización criminal recaudó más de 19 millones de pesos. “Queremos que todos los que tuvieron que ver con esto rindan cuentas ante un juez”.

Como parte de los procedimientos, quedó detenido un empleado activo, y actualmente suspendido, del organismo. Además se secuestró una importante cantidad de documentación y cerca de 500 mil pesos en efectivo.

Los datos fueron brindados en una conferencia de prensa que Massoni brindó junto al jefe de la Brigada de Investigaciones, Andrés García, y el fiscal Héctor Iturrioz. Según se precisó, el hombre “actualmente se encuentra suspendido en relación a una investigación previa” y formaba parte de la asociación ilícita “con un rol fundamental en el grupo”.

En contacto con los medios, Massoni aseguró que “vamos a dar todas las garantías de seguridad para que puedan llevar adelante el proceso de una forma protegida y que realmente podamos llegar hasta la punta del iceberg”.
Sostuvo que “en la medida que se va avanzando con la investigación, van surgiendo nuevos elementos que nos dan a las claras de que esta es una organización mucho más amplia”.

El ministro advirtió que “por más funcionario y por más alto rango jerárquico que tenga en el Estado no va a quedar indemne en caso de que tenga que rendir cuentas. No podemos permitir ningún delito y menos el que se aprovecha de la necesidad de la gente”.

Indicó que tanto el jefe de la Brigada como el fiscal “cuentan con el total respaldo por parte de este Gobierno y del Ministerio de Seguridad”. En ese sentido, sostuvo que “vemos que existe colaboración del presidente y de la gerenta. Han puesto todo a disposición del fiscal y de la Brigada para que la investigación llegue a los responsables”.

Finalmente, Massoni aseguró que “no queremos que quede alguno afuera, si no que directamente todos los que tuvieron que ver con este aprovechamiento de aquellas personas con necesidad habitacional rindan cuentas ante un juez”.

El fiscal Iturrioz sostuvo que “sabíamos que era necesaria la participación de un funcionario público” e indicó que a partir de los allanamientos concretados la semana pasada y la detención de una mujer que sería la encargada de vender las adjudicaciones de planes, “los tiempos se aceleraron y pudimos determinar la identidad y de otros muchos partícipes”.

Además, reveló que “hicimos una cuenta rápida y solo por los meses de junio y julio la organización criminal recaudó 19.424.000 pesos. Estimamos que la recaudación total es de 40 millones de pesos y estoy seguro que nos quedamos cortos”.

Según algunos testimonios, el detenido, considerado como jefe de la asociación ilícita, “tenía un señorío absoluto en el IPV a pesar de estar sometido a procedimiento sumarial hace casi dos años, estar suspendido y volver adscripto”.

Iturrioz señaló que “la impunidad llegó hasta un punto tal que una de las vendedoras publicaban en sus estados de Whatsapp cuántos cupos le quedaban, y también hay grabaciones de reuniones con empleados que le achacaban este accionar ilegal”. Agregó que la organización funciona al menos desde 2018.