La Justicia dispuso un plazo de 10 días hábiles a las familias que ocupan un predio en la zona de La Alameda para que se retiren voluntariamente. En el caso de incumplimiento, se realizará el desalojo por la fuerza. Los vecinos exigen tierra y viviendas, y aseguraron que van a resistir.

Este jueves a la madrugada un grupo de vecinos bloquearon los portones de ingreso a la Secretaría de Servicios Públicos en el Parque Industrial de la ciudad de Cipolletti, en reclamo por el acceso a la tierra y la vivienda. 

Tras varias horas de protesta, consiguieron programar dos reuniones, una con los fiscales que llevan adelante la causa, y la próxima semana serán recibidos por la titular de Desarrollo Humano.

“Ayer tras la audiencia nos dijeron que tenemos 10 días hábiles para abandonar el predio, si no van a desalojarnos por la fuerza. Nosotros pedimos un lugar donde poder vivir, donde tener una casa, y poder pagarla. Somos 43 familias, mujeres y chicos, y sin esto nos quedamos en la calle”, explicó una de las manifestantes del lugar a una radio local.

“No vamos a quedarnos con los brazos cruzados sin una solución, vamos a resistir el desalojo. Tenemos dos opciones: o nos quedamos donde estamos o nos reubican en otro sector con la posibilidad de acceder a una vivienda que pagaremos en cuotas. Si no tenemos respuestas, el lunes nos vamos a la Municipalidad”, adelantó la mujer.

En la audiencia que se realizó el jueves la Justicia otorgó un plazo de 10 días para que las familias abandonen el lugar por cuenta propia antes de avanzar con la orden de desalojo. Sin embargo, indicaron que el plazo es tentativo y podría variar según las condiciones y las negociaciones que se puedan llevar a cabo en los próximos días.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti pidieron que se confirme la decisión de desalojar el predio privado en la zona del parque industrial, y el Juez de Juicio que intervino en la audiencia de revisión ratificó la medida cautelar. La defensa había solicitado que se suspenda el dictado de la cautelar.

La fiscalía sostuvo que la magistrada había resuelto conforme a derecho y que además de los derechos constitucionales de orden social también debían garantizarse los de primera generación, entre los que se encuentran el derecho a la propiedad y al ejercicio de una industria lícita.

En su dictamen la defensa solicitó un plazo prudencial para llevar a cabo una conciliación y buscar una salida alternativa al conflicto, evitando una medida violenta como el desalojo.

El juez en la audiencia explicó que no desconocía el derecho al acceso a una vivienda, sin embargo, los derechos de las personas terminan donde comienzan los derechos de las demás personas y que no podía reclamarse un derecho violentando los de terceras personas ajenas al conflicto. Es por ello que el magistrado confirmó la orden de desalojo con un plazo mínimo de diez días hábiles desde que la resolución quedara firme para que el desalojo tenga lugar.