El juez penal Marcelo Nieto Di Biase resolvió ayer por la tarde disponer el rechazo al acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes en el marco de una causa en la cual se acusa a tres jóvenes por el delito de abuso sexual simple, en un hecho ocurrido en Playa Unión, Chubut, durante septiembre del año 2012.

El magistrado, entre los fundamentos centrales de su resolución, indicó que teniendo presente el artículo 355 del Código Procesal Penal (CPP) considera que resulta necesario un mayor conocimiento de los hechos, como así también que resulta exigua a criterio del magistrado la pena acordada en orden a la propia plataforma expuesta en el acuerdo; en particular las circunstancias de realización del hecho y la extensión del daño en la víctima, sumado a considerar que aún con lo relatado y doctrina imperante, la calificación propuesta resulta errónea.

El fiscal Fernando Rivarola que empleó el criticado "desahogo sexual" había beneficiado al considerar al hecho como  un abuso sexual simple agravado por la participación grupal en vez de la acusación original del expediente, abuso con acceso carnal, violación, lo que implica una pena mucho mayor.

A criterio del juez, se pretendía la imposición de una pena de tres años en suspenso - mínima para la escala elegida por las partes - siendo que de aplicarse correctamente la norma, se debería pensar en una calificación que tiene una pena de 8 a 20 años de prisión, lo que no puede pasar por alto.

En cuanto al consentimiento expuesto por la víctima en la audiencia, Nieto Di Biase lo consideró condicionado, lejos de la forma en la que pretendía que fuera tomado por las partes, dado que se le hizo mención al magistrado de la existencia de un acuerdo reparatorio, cuyos términos se reservaron las partes a tener de un "pacto de confidencialidad".

 El magistrado sostuvo de manera enérgica: “Soy Juez, no mediador. Y como juez no puedo aceptar que por acuerdo extrajudicial de partes se me diga lo que puedo o no decir en el marco de una sentencia, dado que resulta inadmisible”.

En el mismo tono, indicó que “por más respeto que me merece el interés de la víctima, más aún de un hecho de abuso sexual, cierto es que a partir del propio diseño constitucional que rige la actividad fiscal, se establecen límites específicos, en cuanto a la discrecionalidad que pueda adoptar, no encontrándose los delitos analizados en la presente causa dentro de ese margen de discreción".

“Para que quede claro, no puedo tolerar, que cuanto menos en el marco de mi competencia, exista una justicia que tenga resultados diferentes, dependiendo del poder adquisitivo de los imputados; lo que de por sí solo resultaría repugnante y claramente violatorio al artículo 16 de la Constitución Nacional que consagra el principio de igualdad ante la ley” menciona la resolución, notificada a las partes durante la tarde de este martes.

Quiénes son los jóvenes acusados 

Luciano Mallemaci: uno de los cuatro hombres que la presunta víctima señala como uno de los abusadores. Mallemaci tiene 25 años y es hijo del dueño de una inmobiliaria reconocida en Puerto Madryn. De acuerdo a sus registros, su último empleo en blanco fue en una empresa cordobesa que se dedica a elaborar piezas de hormigón.

Marcelo Ezequiel Quintana: con domicilio fiscal en Caleta Olivia, Santa Cruz, es otro de los apuntados por la joven de haber abusado de ella. Al momento del hecho era mayor de edad y actualmente tiene 29 años. Está registrado en los rubros de servicios jurídicos de la AFIP. Integra junto a miembros de su familia la firma Andequin S.A., una sociedad dedicada a la construcción. Residía al momento de la denuncia en la ciudad de Buenos Aires.

Leandro del Villar: nacido en Puerto Madryn, tiene 28 años y era mayor de edad cuando, según lo denunciado, abusó de la presunta víctima. Según medios locales, jugó al squash y es corredor de karting aficionado. Su principal actividad comercial es el transporte de pasajeros, en la que figura registrado como empleador según la AFIP. 

R.V. y T.S fueron sobreseídos porque eran menores al momento del hecho. De T.S. trascendió que nació en Gaiman, provincia de Chubut, y residía en Miami, donde manejaba la compañía Patagonian Sea. Fue inhabilitado a salir del país. La joven lo acusó de haber sostenido la puerta para que nadie ingresara al cuarto donde cuatro hombres abusaban de ella. Es hijo de un poderoso empresario de la pesca. Cerca de T.S dicen que las pruebas en su contra eran sumamente endebles. 

El sexto acusado no quedó imputado. Habría colaborado con la Justicia desde un rol de arrepentido. Su papel en la presunta violación habría sido de coparticipación sin intervención: de testigo del hecho. La víctima dijo que él confesó que la drogaron para someterla. Su hermano fue electo como intendente de Gastre, una comuna rural del norte de Chubut.