Los continuos avances tecnológicos, la proliferación de una fuerza de trabajo global junto a cambios demográficos y sociales que afectan a las comunidades en general, son factores claves que vienen revolucionado el mundo laboral. Del mismo modo, las relaciones laborales también han diversificado sus prácticas y modos de trabajo, lo que sin dudas también genera nuevos desafíos en materia de derechos y obligaciones, tanto de trabajadores como empleadores.

En este contexto se requiere implementar nuevas modalidades de trabajo que permitan compatibilizar la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores fomentando alternativas como el trabajo a distancia. El mismo incluye al teletrabajo pero también abarca otras actividades, oficios y profesiones donde el trabajador realiza un proceso productivo o de servicios con otras herramientas, insumos y tecnologías que pueden no pertenecer al campo de las TICs.    

Esta forma de trabajo se encontraba en crecimiento antes de la pandemia y se extendió, por necesidad, desde la declaración de la emergencia. Relevamientos del 2019 indican que había más de un millón de teletrabajadores en el país, y esta modalidad podría llegar rápidamente a tres millones de trabajadores, ya que según el CIPPEC entre el 27 y 29% de todos los trabajos de la Argentina tienen potencial para realizarse desde el hogar.

Ante la grave crisis sanitaria que se desató en el planeta con la irrupción del COVID-19 presenté a principios de abril un Proyecto de Ley en el Senado de la Nación, en dónde se propone un marco normativo, con derechos y garantías de trabajadores y empleadores que decidan adoptar la modalidad.

Por otra parte, uno de los beneficios más importantes del trabajo a distancia es la posibilidad de incluir en el mundo laboral a personas que actualmente no pueden concurrir a un espacio físico determinado, ya sea por realizar tareas de cuidado en sus hogares, como por impedimentos geográficos o de circulación.

En vistas a la inclusión es necesario buscar mecanismos para promocionar y fomentar la nueva modalidad de trabajo a través de políticas públicas y con participación de sindicatos, cámaras empresariales y universidades, sumado a un plan de conectividad digital que garantice el acceso a internet tanto en los grandes centros urbanos como en las ciudades y regiones más alejadas, con el objeto de federalizar y posibilitar el acceso de todos a esta nueva forma de trabajar.

Resulta imperioso que se le dé celeridad al tratamiento de este proyecto en la Cámara Alta. De esta manera, se podremos dar protección a los trabajadores que actualmente están ejerciendo la modalidad, con una normativa que debe estar al amparo de las leyes laborales vigentes, ser voluntaria y garantizar el derecho a la desconexión.

El desafío es establecer una Ley que siente las bases de la nueva realidad mundial impuesta por la pandemia, pero que fundamentalmente sea una propuesta superadora a fin de incorporar y ampliar, a través de nuevas oportunidades, el trabajo registrado en nuestro país.