Una vez más, como ha ocurrido en nuestra ciudad los últimos años en diversos organismos y medios del Estado, empresas prestatarias de servicios públicos y sindicatos, se aplica la misma práctica de desvinculación intempestiva e injustificada, solo atribuida a cuestiones políticas por la renovación de autoridades, sin evaluar el rol asumido por las y los trabajadores y su labor técnica en las áreas de prensa.

Agrava la situación particular el contexto de pandemia mundial y de crisis económica y laboral que atraviesa la ciudad y el país en su conjunto, por el cual un despido tiene una significación mayor.

Se suma además que la patronal que imparte esta medida de desvinculación laboral es un organismo autónomo del Estado Municipal, la Defensoría del Pueblo de Bariloche, que tiene entre sus premisas “defender y proteger los derechos, garantías e intereses, concretos y difusos, de los individuos y de la comunidad” que están amparados por la Constitución Nacional, Provincial y la Carta Orgánica Municipal. La incoherencia de esta decisión de parte de quien asume ahora como nueva autoridad del organismo ante su discurso de "campaña" o proyecto de trabajo expuesto por estos días frente a los concejales es razonablemente preocupante y debe alertarnos por acciones futuras.

Desde Sitrapren reclamamos una vez más a los organismos estatales, medios públicos y empresas prestadoras de servicios públicos garantizar la estabilidad laboral de quienes desempeñan la actividad en comunicación institucional y profesionalizar las áreas correspondientes con la efectivización de concursos abiertos y transparentes.