Además de la participación del defensor del Pueblo Adjunto, Álvaro Larreguy, y la representante de la Oficina de Defensa al Consumidor de San Carlos de Bariloche (OMIDUC), Pamela Reo, hubo en total cerca de 30 personas, entre usuarias y usuarios, junto a representantes sectoriales que se expresaron sobre la pretensión de la CEB.

La Audiencia se realizó en forma virtual y fue transmitida desde la sede del EPRE en Cipolletti. Su desarrollo completo puede visualizarse en la página web https://www.eprern.gov.ar/audienciaspublicas_ceb.html o a través de la página oficial del EPRE en la red social Facebook: https://www.facebook.com/EPRERN.

La presidenta del EPRE, Isabel Tipping, abrió el proceso resaltando que “representó un espacio para garantizar la participación de los usuarios en la decisión que finalmente adopte el ente regulador, brindando la posibilidad de que expongan sus críticas y realicen las propuestas y consideraciones que estimen necesarias”.

Tipping recordó que, como antecedente a esta revisión, figura el compromiso de la CEB de mantener sin cambios la tarifa eléctrica hasta mayo de este año a cambio de un crédito para la financiación del costo de la energía, a partir de un acuerdo suscripto con la Secretaría de Energía de Nación y el Poder Concedente, que es la Provincia de Río Negro a través del EPRE.

“El objeto de esta audiencia es la revisión de los costos laborales que integran el Valor Agregado de Distribución (VAD) y no se solicita en esta instancia la revisión de los costos no salariales”, aclaró la funcionaria.

Al respecto, la propuesta de la CEB fue expuesta por su gerente general, Luis Lutz, junto al director de administración, Néstor Prado, quienes lo resumieron en un requerimiento de 5,7% de aumento en la tarifa media que pagan los usuarios y usuarias del servicio eléctrico.

Para la ejemplificación que se mostró se tomó una factura media del mes de agosto pasado. Y se advirtió que no se incluyeron penalizaciones, las que suelen aparecer en las facturas eléctricas como créditos, ni tampoco se consideró el impacto de la segmentación tarifaria aplicada por el Gobierno Nacional a partir de septiembre.

El primero que expuso tras la presentación de la CEB fue el Defensor del Pueblo Adjunto, Álvaro Larreguy, quien rechazó el pedido de la distribuidora y confió que un aspecto sumamente relevante a la hora del análisis desde el organismo que integra fue la situación de grave crisis económica que hoy vive la familia usuaria del servicio público de electricidad. En estas condiciones, cualquier aumento, aclaró Larreguy, “debiera ser esencial e improrrogable; y, en caso de que se produzca, se debe aplicar en forma gradual, previsible y progresiva”.

Aún así, el representante de la Defensoría manifestó que en las actuales condiciones es inviable e inconveniente un traslado matemático, mecánico y directo de los aumentos registrados en las distintas variables que conforman la actividad económica de las prestadoras de servidios: y la mirada del regulador debe ser integral, considerando las especiales condiciones del contexto de las familias.

La mayoría del resto de las personas que participó del mecanismo de participación habilitado por el EPRE se expresó en contra de cualquier incremento tarifario.

Todas esas exposiciones, según adelantó la titular del EPRE, completarán el marco general de trabajo que permitirá al ente regulador tomar en breve la decisión final sobre los temas tratados.