Los cuatro principales dirigentes oficialistas de la Cooperativa de Electricidad Bariloche fueron denunciados penalmente ante el Ministerio Público Fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial de Río Negro por el delito de defraudación contra la empresa. 

Los denunciados son Carlos Aristegui, presidente de la CEB; Cecilia Sandoval, vicepresidenta; Luis Barrales, secretario y Martín Enevoldsen, tesorero. Estos cuatro consejeros integran, además, el Comité Ejecutivo. 

La denuncia para que se investigue el posible delito de defraudación está relacionada a la empresa Angostura Video Cable S.A. (AVC) -controlada por la CEB-, que presta el servicio de cable y de Internet.

La presentación señala que la dirección de AVC está conformada por Luis Barrales en condición de presidente, y por Aristegui y Enevoldsen como directores.

DEUDAS 

El escrito detalla que en 2019, cuando asumió Barrales al frente de AVC, la deuda consolidada de la empresa era de unos 30 millones de pesos y que, a julio de 2022, esa deuda había trepado a los 263.679.808,55 pesos, y que actualmente sigue creciendo.

La denuncia atribuye el crecimiento explosivo de la deuda a "los manejos espurios" de las personas denunciadas, a un ardid que consistió en ir "lavando" la deuda que venía acumulando AVC con la CEB.

La presentación señala también que la CEB dejó de facturarle a AVC los servicios de seguridad e higiene, y que pagó de sus arcas al gerente general de AVC durante casi un año. Además indica que la CEB puso toda su infraestructura de Recursos Humanos al servicio de AVC sin facturarle un solo centavo.

Asimismo, entre otros aspectos, la denuncia señala que AVC dejó de pagar o pagó menos del canon mensual que debe abonar a la CEB por el uso de la red.

Respecto de la deuda entiende que los denunciados aprobaron un plazo de gracia y que AVC pague su deuda sin intereses, en perjuicio de los asociados que deben afrontar fuertes intereses en el pago de sus deudas.

Por otra parte la presentación destaca que los denunciados son "arte y parte", porque proponen un arreglo determinado desde AVC y luego ellos mismos lo aprueban desde la CEB.

AVC, según indica la denuncia, está quebrada y procuran transmitir su pasivo a la CEB sin auditoría y sin control, y se intenta aprobar en forma fraudulenta un arreglo desfavorable.

El escrito también señala que existe otra trampa, al considerar que AVC ni siquiera puede afrontar el pago de esas cuotas.

Por último se pide la inhibición general de bienes a los denunciados y se solicita al fiscal que promueva acción penal, haga lugar a las medidas cautelares previas y formule cargos contra los denunciados.