El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, expresa su más categórico repudio a los hechos acontecidos el día sábado 4 de julio del 2020 en la comunidad Tapiete ubicada en la localidad de Tartagal de la provincia de Salta.

Allí, efectivos policiales de la comisaría N°42 ingresaron a la comunidad Tapiete alrededor de las 20:00 hs en completo estado de ebriedad, disparando con armas reglamentarias de manera arbitraria contra las viviendas de la comunidad y ensañándose fuertemente en particular con una de las viviendas donde reside una hermana de nuestro movimiento. 

 

Nuestra hermana ha estado denunciando el accionar represivo y abusivo de la policía de Tartagal como así también otras irregularidades de estos “efectivos policiales”, por lo cual ha sido amenazada de violación y asesinato.

 

Es por esto que nos parece una situación extremadamente alarmante e inadmisible que no podemos dejar pasar, exigimos de manera contundente que la justicia actúe de forma inmediata para investigar estos hechos que son de público conocimiento y solicitamos de forma urgente desafectar de la función pública a los oficiales que ingresaron a la comunidad ejerciendo abuso de autoridad.

 

Esperamos que también se indaguen las responsabilidades que tienen sus superiores y fundamentalmente que se les dé garantías y resguardo a la seguridad física de la comunidad Tapiete y en particular a las mujeres que han llevado adelante la lucha con reiteradas denuncias sobre los atropellos hacia su comunidad. Hasta aquí la fiscalía del tribunal de Tartagal no ha actuado y se justifica diciendo que sólo puede actuar en casos de emergencia, a los que considera como tales la violación consumada, heridos o muertos. Nos parece un despropósito la respuesta que la fiscalía le ha ofrecido a nuestras hermanas que buscan el acceso a la justicia como le corresponde a cualquier persona de este país.

 

El  Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir denuncia no solamente ante el país, sino ante el mundo estos graves hechos que muestran el genocidio silencioso que avanza, aprovechando el contexto de pandemia y cuarentena, donde la impunidad se intensifica y la muerte se siembra desde otros lugares y  con otras armas. 

 

Hacemos responsable al Estado por no brindar las garantías para frenar la violencia contra las naciones indígenas y por lo tanto hacemos un llamado a la ciudadanía nacional e internacional a que se expresen repudiando estos hechos ante las autoridades provinciales y nacionales.

 

Finalmente, queremos preguntarle a todo el país y a les argentines ¿cuántas muertes y cadáveres más precisan de los pueblos indígenas para tomar conciencia del racismo criminal que habita en las instituciones argentinas y que es alimentada con las indolencias racistas de la ciudadanía?

 

El racismo criminal es quien se devora cada día, en cada minuto y en cada rincón de nuestros territorios la vida inocente de niñas, niñes, mujeres y hombres indígenas de nuestros pueblos que aún debemos luchar por el derecho de vivir dignamente, por el derecho a Ser y a existir.

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