La fiscalía se opuso al pedido que hizo el imputado por la muerte de Laura Estefanis Gutierrez quien solicitó quedar en libertad mientras avanza el proceso.

Hoy el defensor particular del hombre requirió la morigeración de la medida que viene cumpliendo su asistido desde la formulación de cargos que fue el pasado 28 de octubre. (Acá la gacetilla sobre la imputación)

Sin embargo, la fiscal Natalia Pascual se negó argumentando la necesidad del encierro preventivo por el posible entorpecimiento a la investigación y el juez Gastón Martín resolvió en ese sentido.

“Se trata de un delito gravísimo, el hombre conoce a los testigos que lo identificaron en el lugar del hecho, que lo vieron cuando sucedió y estando en libertad podría acercarse a ellos para intentar que cambien su versión o que no brinen más información”, explicó Pasual.

“Además, continuamos investigando el hecho, las circunstancias y sobre todo buscamos el arma con el que se produjeron las lesiones mortales a la víctima. Esto produce temor entre quienes ya han prestado declaración, y necesitamos que lleguen a juicio sabiendo que serán amedrentados por el imputado”, describió la fiscal interviniente.

“Contrariamente a lo explicitado por el defensor, nosotros no vemos una medida alternativa para cautelar este proceso, por ello solicitamos que se confirme en un todo la preventiva y continúe detenido”, subrayó Pascual.

Finalmente, el juez señaló que “los agravios expresados por la defensa particular no logran conmover la resolución adoptada por el juez de Garantías, ya que se sustentan en una apreciación meramente subjetiva respecto de las condiciones en las que fue dictada la medida cautelar”.

Asimismo, el magistrado ratificó que en el caso bajo análisis se encuentran cumplidos en su totalidad los requisitos exigidos legalmente para la procedencia de la medida —conforme a la normativa procesal aplicable—, los cuales comprenden la existencia de elementos suficientes sobre la participación en el hecho, que el delito reprochado cuente con previsión de pena de cumplimiento efectivo y la acreditación de un real riesgo procesal.

De esta manera y en consonancia con lo expuesto previamente por la fiscalía, el juez destacó que el peligro procesal se encuentra plenamente acreditado en las actuaciones y debidamente neutralizado a través de la vigencia de la prisión preventiva dispuesta.